Memorias de abril

Expertos analizan los seis puntos que componen el texto acordado por las delegaciones del Gobierno y las Farc, el cual será sometido a votación popular.

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El pasado jueves 24 de agosto, en un día que pasará a la historia, Humberto De la Calle y Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, le ponían su firma al texto definitivo del Acuerdo Final de Paz, dando por terminado así un proceso que formalmente duró 3 años y 10 meses, el más corto del que se tenga registro.

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En contraste, el conflicto colombiano, con 52 años de duración, es uno de los más largos del mundo, comparable a los 40 años de guerra en Filipinas, último país en alcanzar la paz por medio de un acuerdo político. Cerrada la negociación con las Farc, y con la voluntad de las partes por instaurar un cese al fuego bilateral y definitivo, el camino hacia la paz debe pasar por la refrendación popular de lo pactado y será la ciudadanía quien juzgue si acepta o no el acuerdo alcanzado.

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En palabras de De la Calle, jefe negociador del Gobierno, “hemos hecho el mejor trabajo viable, pero la calificación depende de los colombianos”. El mecanismo será un plebiscito por la paz, que ya fue convocado por el presidente Juan Manuel Santos para el próximo 2 de octubre, en el que, como dijo la Corte Constitucional, se decidirá sobre el contenido del Acuerdo Final, mas no sobre el derecho a la paz.

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De ser aprobado se activarán otros elementos legales y protocolarios para ponerle punto final de la guerra. El primero de ellos es la entrada en vigor del Acto Legislativo para la Paz, el cual instaura un procedimiento ‘fast track’ en el Congreso que permite aprobar en menos debates las leyes necesarias para implementar el Acuerdo Final. También incluye facultades especiales al presidente para el mismo fin y la inclusión del texto pactado en La Habana al bloque de constitucionalidad colombiano.

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El otro proceso que se activa es el calendario de dejación de armas, el cual estará monitoreado por una misión política de la ONU y tendrá una duración de 180 días a partir de la firma protocolaria de la paz, proyectada para el 23 de septiembre.

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Esta condición hace esencial que se divulgue el contenido de los acuerdos, de 297 páginas, que versan sobre los seis puntos que se pactaron en la agenda para la terminación del conflicto: Reforma rural integral, Participación política, Fin del conflicto, Solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas (incluyendo el componente de justicia transicional) y Refrendación e implementación de lo pactado. A continuación presentamos una mirada explicativa de cada punto, desarrollada por expertos de la Universidad del Norte:

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Punto 1: Reforma rural integral

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El acuerdo sobre Reforma rural integral contiene un conjunto de medidas orientadas a lograr la transformación estructural del campo, entendida como “la transformación de la realidad rural con equidad, igualdad y democracia”. El acuerdo no propone herramientas o instrumentos sin antecedentes en el país, pero sí articula una aproximación integral que, bien implementada, puede producir cambios reales y completos en el campo colombiano.

El documento parte de dos reconocimientos básicos: la transformación estructural del campo debe contribuir a reversar los efectos del conflicto armado (Gobierno), debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto armado (Farc). Así, ambas partes reconocen que existen factores en el ámbito rural que son causa y/o consecuencia de nuestro conflicto. La protagonista y beneficiaria principal es la familia campesina, sus tierras, sus territorios y sus organizaciones. Además, estos prestan atención particular a las mujeres y a los campesinos víctimas del conflicto. Reconoce a la economía campesina como medio para superar la pobreza, lograr el bienestar en el campo y asegurar la producción agropecuaria en un país que importa buena parte de sus alimentos.

Para lograr el objetivo de transformar el campo, las partes acordaron tres conjuntos de medidas articuladas: (1) Acceso y uso, (2) Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET y (3) Planes Nacionales de Desarrollo para la Reforma Rural Integral. Las primeras son la base material, las segundas son disposiciones articuladoras y de acción en lo local/regional y las terceras se refieren a las medidas que deberán ser tomadas en el orden nacional para dar base a la Reforma.

Las medidas de acceso y uso están orientadas a lograr que los campesinos accedan a tierra suficiente, de un lado, y puedan explotarla de manera adecuada, de otro. Las partes contemplan adjudicar, formalizar y restituir tierras rurales. Para adjudicar tierra al campesino que no la tiene o la tiene en cantidad insuficiente, se crea un Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. Este será de carácter permanente y constará de 3 millones de hectáreas que serán distribuidas de forma gratuita. Las tierras del Fondo provendrán de extinción de dominio, apropiación de baldíos, delimitación y actualización de la Reserva Forestal. Además, el Gobierno se comprometió a otorgar subsidios y créditos especiales de compras en zonas priorizadas. Y el Gobierno se compromete a titular 7 millones de hectáreas en zonas priorizadas, Zonas de Reserva Campesina y otras que determine. La adjudicación y la formalización se sustentarán en la formación de un catastro integral y multipropósito para el registro de los inmuebles rurales, una de las principales debilidades históricas del país. Para ello, el apoyará a los municipios, técnica, administrativa y financieramente. Además, adecuará la normatividad para que estos fijen las tarifas de impuesto predial bajo el principio de progresividad: paga más, quien tiene más.

Por último, el Gobierno se compromete a formular un plan de zonificación ambiental, en un plazo de 2 años, para delimitar la frontera agrícola y proteger áreas de interés ambiental.

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Los PDET buscan lograr una relación equitativa entre campo y ciudad, de manera que se garantice el bienestar rural, el desarrollo de la economía campesina y familiar, la integración de las regiones abandonadas y afectadas por el conflicto, la promoción de la organización campesina y la consolidación del campo como un escenario de reconciliación. Estos programas se harán en todo el país, pero seguirán un criterio de priorización con base en: niveles de pobreza, grado de afectación por el conflicto, debilidad institucional, presencia de economías ilegales.Para superar la pobreza y la desigualdad rural, así como para cerrar la brecha entre campo y ciudad, los gobiernos formularán Planes Nacionales que contendrán medidas relativas a infraestructura y adecuación de tierras, estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa.

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Punto 2: Participación política

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Sin restar importancia a los demás puntos de la agenda que se acordó en La Habana, evidentemente el tema de la participación política resulta ser, más que controversial, fundamental para el fortalecimiento y consolidación de nuestra democracia. Quizás lo controversial del punto, a juicio de algunos, esté en el hecho de creer, de forma simple, que una vez suscrito el Acuerdo Final, los miembros de las Farc llegarán de forma directa e inmediata a hacer parte del Congreso de la República. Hecho que no sucederá, tal como está planteado en los acuerdos alcanzados en este punto. Al respecto, frente al tema de la participación política hasta hoy se ha llegado a acuerdos clave dentro del proceso de negociación: en primer lugar, entender que nuestro sistema político requiere, como condición para construir la paz, de una apertura democrática que permita no solo el reconocimiento de otros actores políticos, sino la garantía de un efectivo ejercicio del derecho a la oposición, tanto por parte de los partidos políticos como de los movimientos sociales. Implica esto la inclusión, con perspectiva de género, de “nuevas voces” para que enriquezcan el debate político y social; el diseño de medidas que garanticen la promoción y participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales excluidos hoy del debate político. Se espera que con la implementación de los acuerdos en materia de participación se rompa el vínculo política-armas y se pase a la promoción de la relación política-ideas. Hablar de las implicaciones de los acuerdos y la implementación de los mismos, sin tener en cuenta variables de tipo social, económico y jurídico, por ejemplo, resulta insulso, cuando no aventurado e irresponsable. Comparto la afirmación que hace poco hiciera un senador de la República al señalar que “la paz tiene un precio que podemos pagar”. Ese precio se reflejará no solo en las instituciones del Estado, sino también en los actores políticos reconocidos y, por supuesto, en el conjunto de los valores de nuestra sociedad. Vale señalar que los costos no serán únicamente para el conjunto del Estado colombiano, sino también para las Farc. Mejores tasas de crecimiento y desarrollo económico; un país más equitativo e incluyente; disminución de los niveles de violencia, principalmente en las zonas rurales, aunque no necesariamente en las grandes y medianas ciudades que sirvan de rutas para el narcotráfico o con presencia de bandas criminales y/o cultivos ilícitos, en donde es posible que estos niveles se incrementen. La implicación más importante es que en el largo plazo, tendremos, con el concurso de todos, un país más democrático en el que se respeten más los derechos humanos. El sistema de partidos, en cualquier régimen político, no se configura o reconfigura, por el simple hecho de un aumento o disminución de la oferta partidista. Requiere, además, una reforma al sistema electoral y al régimen mismo de partidos. De producirse esta, resultaría altamente probable que tanto en el ámbito nacional como territorial se observará una reconfiguración de las relaciones interpartidistas, es decir del sistema de partidos. En este sentido, es necesario que se reformen no solo las reglas del Código Electoral, sino, también, aspectos relacionados con el mínimo de votos requeridos para el acceso a la distribución de escaños, la fórmula para convertir votos en curules, la modalidad del voto, por ejemplo. Además, se requerirá de un conjunto de reformas políticas apropiadas y contextualizadas a la realidad colombiana que posibiliten, además de la participación política y social, la apertura de horizontes para la reconciliación y la paz. Estas deberán ser el resultado de la discusión conjunta entre el país social y el país político, fundamento de la participación y la democracia.

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Punto 3: Fin del conflicto

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Desde antes de cerrar este acuerdo, las partes se comprometieron e iniciaron un real proceso de desescalamiento de las acciones armadas que, según la Fundación Paz y Reconciliación, ha prevenido aproximadamente 1.500 muertes; el definitivo y bilateral cese al fuego, está atado a la verificación internacional y esta solo puede realizarse efectivamente si hay concentración territorial de las fuerzas insurgentes. Dentro de este acuerdo se ha establecido un mecanismo verificador del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de armas, que debe culminar, como máximo, 180 días después de la firma formal del Acuerdo Final.

El mecanismo de monitoreo y verificación será tripartito y estará integrado por delegados del Gobierno, las Farc y un componente internacional, el cual será su máxima autoridad. Dicho componente, en cabeza de Naciones Unidas, es el encargado de interactuar con la sociedad civil y las instituciones estatales presentes en los territorios en los que se concentren las unidades guerrilleras. En este marco se crean 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y 8 campamentos. Las ZVTN buscan facilitar el cese al fuego, la dejación de armas e iniciar el proceso de reincorporación a la vida civil de los combatientes de las Farc. En otras palabras, en este punto se pactó la forma en la que las Farc desaparecerán como grupo armado y se convertirán en un partido político. Al ubicarse dentro de dichas zonas de concentración, el Gobierno suspenderá las órdenes de captura que pesen sobre los militantes de esta guerrilla. Al respecto, la reforma a la ley de orden público, (Ley 418 de 1997), también sirve para suspender las órdenes de captura que se han librado en contra de los miembros de las Farc. Esta reforma señala que las Farc deben entregar la lista completa de sus integrantes para que la oficina del Alto Comisionado para la Paz pueda revisarla. Esto con el fin de evitar falsos guerrilleros o colados, tal y como sucedió en el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el que reconocidos narcotraficantes compraron bloques y frentes paramilitares para poder negociar con el Estado desde una posición política y de esta manera acceder a beneficios jurídicos. En este sentido, aunque se declaró al narcotráfico como delito no aministiable, podría ser considerado como conexo al conflicto si se demuestra que fue usado para financiar las estructuras guerrilleras.

En este punto también se pactaron garantías de seguridad para los guerrilleros desmovilizados y un compromiso del Gobierno para el combate y desmonte del paramilitarismo o los grupos derivados de este. En cuanto a la reincorporación de los excombatientes, a las Farc se le otorgaron garantías de representatividad política en el Congreso para el partido político que conformen una vez dejen las armas. Dichas garantías comprenden un mínimo de 10 curules, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, en las elecciones de 2018. También se garantiza un financiamiento estatal para su partido político similar al de los partidos constituidos, como La U, el Partido Liberal o el Partido Conservador. Esta financiación será del 10% del presupuesto total que distribuye el Estado entre los partidos y un 5% adicionas para la promoción de su ideología. Esto, más que una concesión, es una garantía de que la guerrilla entre al juego democrático, ya que aunque tenga una participación asegurada, las curules no son directas y deberán presentarse a elecciones para competir por el voto ciudadano. Por su parte, los desmovilizados podrán acceder a una serie de subsidios y acompañamiento sicosocial, así como a la promoción de proyectos productivos.

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Punto 4: Solución al problema de drogas ilícitas

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El acuerdo sobre la solución al problema de las drogas ilícitas deja en claro que para sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera es necesario, entre otras, encontrar una solución definitiva a este problema que ha servido de apalancamiento financiero del conflicto armado. El documento se refiere a la necesidad de una solución integral que comprenda todo su decurso: desde el cultivo, la producción y la comercialización hasta el consumo, pero acepta que para eso es necesario lograr consensos y definiciones globales en las que intervengan todos los Estados y particularmente aquellos que han estado involucrados en el problema, sea como productores o como consumidores. A falta de esa propuesta de solución definitiva, el acuerdo hace mención de la necesidad de diseñar unas nueva visión que atienda causas y consecuencias y tienda a mejorar las condiciones de bienestar o buen vivir de las comunidades.

 

El acuerdo se basa en cuatro líneas fundamentales:

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1. Desarrollar un proceso efectivo de sustitución de cultivos ilícitos que permita a los campesinos aprovechar las oportunidades que traerá consigo el Programa de Desarrollo Agrario Integral. Al respecto el acuerdo prevé que el Gobierno Nacional ponga en marcha un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, constituido como la autoridad competente para el proceso de sustitución. Estará en cabeza de la Presidencia de la República y actuará en coordinación con las autoridades departamentales y municipales.

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2. Diseñar una estrategia que permita tratar el consumo de drogas dentro de una perspectiva de salud pública que descriminalice a los consumidores y atienda a los enfermos como tales, a partir de la estructura de salud. Se creará el Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo de drogas como una instancia de alto nivel que articulará las instituciones con competencia en la materia. A instancias del programa, se ejecutarán estrategias con un enfoque de derechos humanos, de salud pública, diferencial y de género, a partir de la participación comunitaria y con fundamento en la evidencia.

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3. Generar políticas o acuerdos que permitan el reconocimiento de usos ancestrales de las plantas de coca y marihuana y que abra la posibilidad de utilizarlas lícitamente para fines terapéuticos y científicos.

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4. Intensificar la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades de finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción. El compromiso es la concentración de las capacidades del Estado en la investigación, judicialización y sanción de los delitos asociados a las organizaciones criminales relacionadas a la producción y comercialización de drogas ilícitas. Se acordó diseñar una estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos, una de control de los insumos y una estrategia de lucha contra la corrupción. Conforme a esta idea se propone un tratamiento penal diferencial que va desde la renuncia al ejercicio de la acción penal o extinción de la sanción penal contra pequeños agricultores con cultivos ilícitos, cuando estos dentro de un período de dos años manifiesten su decisión de renunciar a cultivar o a mantener los cultivos de uso ilícito, hasta la judicialización efectiva, en especial de los principales responsables de las operaciones del crimen organizado y el narcotráfico.

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Punto 5: Víctimas y justicia

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El acuerdo sobre las víctimas se ha consolidado en un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, cuyo núcleo es el compromiso con la satisfacción de los derechos de las víctimas. El reconocimiento de estas no solo tiene un tratamiento jurídico, sino que sus posturas han sido retomadas en foros y por las delegaciones que asistieron a La Habana (con representación de diferentes grupos poblacionales de campesinos, indígenas y afrodescendientes).

Este acuerdo está compuesto por mecanismos judiciales y extrajudiciales: 1. Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. 2. Unidad de búsqueda de personas desaparecidos, 3. Jurisdicción Especial para la Paz, 4. Medidas de reparación integral para la construcción de la paz y 5. Garantías de no repetición. Además de satisfacer los derechos de los 8.131.269 de víctimas contabilizadas por el Registro Único de Víctimas y garantizar la seguridad jurídica de actores que participaron en el conflicto armado, que ahora se comprometen con la satisfacción de los derechos a quienes afectaron, estos mecanismos apuntan al fomento de una coexistencia pacífica de todos los integrantes de la sociedad colombiana. Algunas estrategias claves para el desarrollo del acuerdo, son: 1) La implementación de los criterios de integralidad, enfoque diferencial y de género, participación de las víctimas en todos los mecanismos, condicionalidad, imparcialidad e independencia; por las diferentes entidades oficiales dispuestas para la reparación integral de las víctimas.

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2) El empoderamiento de las víctimas de su reparación mediante la participación activa en diferentes escenarios dispuestos, no sólo para la satisfacción de sus derechos, sino para avanzar en caminos constructivos que no se reviertan en ciclos de violencia. 3) La resignificación de identidades y roles de personas que en el pasado fueron victimarios y que ahora le apuestan a la paz. 4) La voz de personas indirectamente involucradas que asumen responsabilidades y contribuyen a esclarecer la verdad. 5) El entendimiento de lo sucedido por parte de la sociedad en general, porque el conocimiento de lo ocurrido contribuye a prevenir la repetición de los hechos y propicia un clima emocional favorable para una convivencia pacífica. Jurisdicción Especial de Paz. En este acuerdo también se pactó un mecanismo de justicia transicional que tiene la particularidad de ser el primero diseñado bajo el manto de la Corte Penal Internacional.  Este sistema crea una jurisdicción especial que juzgará a todos los actores del conflicto, sean guerrillas, miembros de las Fuerzas Armadas o civiles que hayan financiado la guerra.

Su máximo órgano será un Tribunal de Paz, conformado por 24 magistrados, que sancionará los delitos más graves, como los de lesa humanidad, bajo el contexto de una justicia restaurativa y garantizando la verdad, la reparación y la no repetición. Esta jurisdicción trae tres tipos de penas: una para quienes admiten su responsabilidad, otra para quienes lo hacen tardíamente y la última para quienes no lo hacen. Para los primeros habrá “restricción de libertades y derechos” de cinco a ocho años y además deberán realizar “trabajos, obras y actividades”. Penas privativas de la libertad de 5 a 8 años para los segundos. Y para los terceros habrá “pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias”. Es decir, no habrá impunidad, porque cada delito contará con una sanción, que más allá de ser punitiva tiene la característica de esclarecer lo sucedido en el conflicto y reparar a la víctima afectada.

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Punto 6: Refrendación e implementación

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La refrendación del Acuerdo Final de Paz se hará por medio del plebiscito por la paz, el cual, de acuerdo con la convocatoria hecha por el presidente Juan Manuel Santos, será votado este 2 de octubre. Los colombianos estamos habituados a discutir sobre la calidad de nuestra democracia ejercida, históricamente, a través de representantes; sin embargo, con el plebiscito por la paz,  nos encontramos en un momento en el que una de las decisiones que pueden cambiar el curso de nuestra historia está, literalmente, en nuestras manos. La votación del plebiscito no se refiere a la manifestación de apoyo político a partidos o personas, se trata de que el largo camino recorrido por los dos equipos negociadores, de las Farc y el Gobierno, se avale por parte de nosotros que somos los que hemos padecido la guerra y sus consecuencias. Esto no es de fácil comprensión, debido a que en Colombia nos hemos habituado al juego democrático desde el protagonismo de personas, que logran visibilizarse con una variedad de discursos, que influyen en la toma de nuestras decisiones políticas.

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Tal vez por esta razón resulta complejo para el votante, presentarse por primera vez ante una urna en la que no encontrará tarjetones con rostros de personas ni logos de partidos. Pero a la vez, esta situación representa un escenario propicio para cambiar la calidad de nuestra democracia y dar cuenta de que la palabra de los ciudadanos, convertida en votos, no surge de la influencia de políticos, sino que, por el contrario, es la última palabra para dar apertura hacia la construcción de la paz y la reconciliación, que es una cuestión que tiene el rostro de millones de colombianos y no hace parte de ningún partido político.

Se trata de que, con la propuesta de un acuerdo que involucra a los dos contendientes: de un lado una guerrilla, que acepta entrar a participar en el juego democrático renunciando a la vía armada, y del otro el gobierno, que acepta mediante un programa de reformas abrir un espacio de construcción de una apertura en la democracia y desterrar las prácticas de aniquilación del opositor. Es una oportunidad para que los colombianos repensemos el país, o lo empecemos a pensar como colectivo.

Me refiero específicamente a que los puntos discutidos, y acordados en La Habana, se refieren a los conflictos estructurales que padecemos desde hace años.

Nos encontramos, entonces, frente a un proceso en el que se plantean intersecciones con relación a los intereses. Es la posible desmovilización de un grupo insurgente y, por primera vez en la historia del país, los colombianos tenemos la posibilidad de votar para manifestar nuestro interés en que los conflictos se resuelvan con instrumentos diferentes a los que hasta ahora se han utilizado. Así las cosas, la participación en el proceso de votación podría provocar que la paz, no solo se logre a nivel individual en su carácter de derecho fundamental, –aspecto que escapa a la voluntad de las mayorías–, sino que se construya con un consenso social sobre la solución de problemas estructurales del país. Sin embargo, la transición hacia esta construcción colectiva de la paz presenta complejidades e inconvenientes: por una parte, ¿cómo lograr que la población aspire a algo que no conoce?, nosotros y nuestros hijos hemos crecido en medio de bombas, secuestros, atracos, tomas guerrilleras, matanzas de paramilitares, acciones y reacciones desmedidas de gobiernos; el miedo al que nos hemos habituado ya ha dejado de asombrarnos porque circula por nuestras venas, y el contexto internacional no está alejado de estas mismas miserias.